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07/11/2013 Obligatoriedad de la Colegiación

Ante la multitud de informaciones confusas e interesadas que se estan difundiendo desde distintos ámbitos, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermeria de la Región de Murcia, informa a todos los profesionales de Enfermería, la obligatoriedad de la colegiación, como requisito imprescindible para el ejercicio de la misma, tanto en el ámbito privado, como en el de la Administración Pública (Servicio Murciano de Salud).

 

Esta obligatoriedad viene recogida en:

• El artículo 2 de la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de Ordenación de las Profesiones sanitarias, en concordancia con el artículo 36 de la Constitución Española,

• Asimismo, en virtud del artículo 7 del Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprobaron los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería, del Consejo General y de Ordenación de la actividad Profesional de Enfermería: “Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de enfermería, en cualquiera de sus ámbitos o modalidades, hallarse incorporado al Colegio Oficial de Enfermería del ámbito territorial que corresponda con el domicilio profesional, único o principal. Bastará la incorporación a este Colegio profesional para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado.”

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en virtud del mandato contenido en su disposición final quinta, así como extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por la directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permita contribuir de manera notable a la mejora del entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados.

• Entre las leyes modificadas se encuentra la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, cuya modificación, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se dicta al amparo del artículo 149.1.18 y 30 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales.

• Dichas modificaciones han dado lugar, en consecuencia a adaptar la legislación regional sobre colegios profesionales, en este caso por la Ley 3/2013, de 3 de mayo, que modifica la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, a lo establecido en la normativa estatal citada, resultando la siguiente redacción del artículo 6.2:

“Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones la incorporación al colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 4 de noviembre. El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y de acuerdo con la legislación aplicable en esta materia.”

• Esta norma incorpora, entre otros aspectos destacables, el pronunciamiento de la reciente Sentencia Nº 3/2013, de 17 de enero de 2013, del Tribunal Constitucional.

“El art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios profesionales, no contiene una excepción a la regla de la colegiación forzosa para los profesionales que ejercen su actividad al servicio de la Administración pública, cuando ésta resulte exigible, pues ello no se desprende del tenor literal del precepto, ni obedece al concepto de Colegio Profesional que acogió la Ley 2/1974, y hoy se mantiene para los Colegios profesionales de colegiación obligatoria.

Con la mencionada Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, se ha zanjado el debate abierto sobre la obligación de colegiación para el ejercicio de las profesiones directamente relacionadas con el ámbito de la salud, por afectar éstas al especial interés general y público, siendo los destinatarios del ejercicio de dicha profesión ciudadanos y terceros.

Lo que permite concluir -siguiendo los postulados de la Sentencia- que, dado que el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación, la exención del deber de colegiación de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral al servicio de las Administraciones públicas del Principado de Asturias, para la realización de actividades por cuenta de la Administración, correspondientes a su profesión, que se contiene en el inciso impugnado, «vulnera lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que exige la colegiación forzosa para las profesiones que determine una ley del Estado.

Asimismo, se recoge la obligatoriedad de colegiación a fin de ejercer profesiones relacionadas con el ámbito de la salud, no solo para el ejercicio de las mismas en el ámbito privado, sino también en el público, con el fin de proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

El Tribunal Constitucional no ha tenido pocas ocasiones de pronunciarse al respecto de la colegiación obligatoria en materia de personal estatutario de la administración y funcionarios públicos en materia de salud. En fecha 28 de febrero de 2013, dictó sentencia en la que se establece que:

"el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, no contiene una excepción a la regla de colegiación forzosa para los profesionales que ejercen su actividad al servicio de la Administración pública, cuando ésta resulte exigible, pues ello no se desprende del tenor literal del precepto ni obedece al concepto de colegio profesional que acogió la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y hoy se mantiene para los colegios profesionales de colegiación obligatoria». Añadiendo más adelante que «la expresión "sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial", no contiene una exclusión del régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva a los colegios profesionales y, por tanto, a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las competencias que, como empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste realice o no actividades propias de profesiones colegiadas. Una cautela especialmente necesaria en cuanto que la función de ordenación del ejercicio de la profesión que se atribuye a los colegios profesionales en el art. 1.3, no se limita al "ejercicio libre" de la profesión, sino que se extiende "al ejercicio de la profesión" con independencia de que se realice por cuenta propia o ajena.

El anterior razonamiento permite concluir -siguiendo los postulados de la Sentencia- que, dado que el art. 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación, la exención del deber de colegiación de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral al servicio de las Administraciones públicas del Principado de Asturias, para la realización de actividades por cuenta de la Administración, correspondientes a su profesión, que se contiene en el inciso impugnado, «vulnera lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que exige la colegiación forzosa para las profesiones que determine una ley del Estado

Resulta ocioso, seguir relatando normativa y jurisprudencia al respecto, para convencer tanto al periódico digital como al autor del artículo controvertido, pero se produce un gran perjuicio a los consumidores y usuarios y a los pacientes, ser atendidos por personal que no está colegiado y no cumple la normativa estatal y autonómica en esta materia, es decir, personal estatutario que no cumple con los requisitos para poder ejercer su profesión. Dicho incumplimientos de los requisitos para ejercer la profesión sanitaria, puede conllevar denuncias personales a cada uno de los servidores públicos que trabajan en la administración sin estar colegiados, puede ser causa de exención del seguro de responsabilidad civil de la Administración Pública, al no tener reglado su personal, así como la imposibilidad de la prestación de servicios por los mismos al no tener el requisito de la colegiación obligatoria vigente a día de hoy.

Pero más a favor de este argumento, la futura legislación en la materia, sigue optando por la obligación de la colegiación obligatoria en materia de profesiones sanitarias, como la enfermería. El Anteproyecto Ley de Servicios y Colegios Profesionales que está actualmente en trámite parlamentario recoge claramente la obligación de colegiación en su disposición adicional primera. La misma señala que:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley, es obligatorio estar colegiado en los Colegios que se indican para ejercer las actividades profesionales o profesiones siguientes

e) En un Colegio de enfermeros para ejercer las actividades que corresponden a los enfermeros de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Asimismo, el art. 21 del mencionado anteproyecto recoge la falta de colegiación como ejercicio irregular de una profesión, debiendo la administración pública tomar las medidas oportunas para corregir tal irregularidad.

Lo que ponemos en vuestro conocimiento, aunque el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.

La Junta de Gobierno

 

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